La Cámara Contencioso Administrativo Federal de Argentina ratificó este martes la vigencia del protocolo de orden público conocido como «protocolo antipiquetes«, concebido por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich y cuestionado por criminalizar la protesta social ante los abusos del Gobierno de Javier Milei.

La decisión de la corte revierte un fallo de primera instancia que lo declaraba inconstitucional y devuelve al Gobierno de Milei la facultad de utilizar de manera directa a fuerzas federales para reprimir las manifestaciones. El protocolo también es cuestionado por querer regular derechos constitucionales (atribución que corresponde al Legislativo), facilitar detenciones, dejar camino expedito a la comisión de abusos policiales y al uso de fuerza letal, y por violar límites fijados por la Constitución y leyes internacionales en materia de derechos humanos.

La resolución de la Cámara responde a la apelación presentada por el Ministerio de Seguridad tras el fallo del juez federal Martín Cormick en diciembre de 2025. La actual conducción de la cartera, a cargo de Alejandra Monteoliva, señaló que el tribunal reconoció el protocolo como una herramienta legal para intervenir ante situaciones que afecten la circulación.

Patricia Bullrich, principal impulsora de la medida y actual jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, celebró la resolución en sus redes sociales. «La Justicia vuelve a poner las cosas en su lugar. El protocolo es la herramienta para hacer cumplir la ley frente a grupos que viven de bloquear y extorsionar», afirmó.

Argumentos de la nulidad previa

La decisión de la Cámara anula la sentencia del Juzgado Nacional n° 11, que había hecho lugar a un amparo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros. En su momento, el juez Cormick advirtió que la Resolución 943/2023 constituía un «exceso en la competencia» del Poder Ejecutivo al legislar sobre derechos que corresponden al Congreso.

Entre las objeciones que habían motivado la declaración de nulidad se encontraban:

• Invasión de facultades: El Ejecutivo se inmiscuyó en atribuciones del Poder Legislativo para regular derechos constitucionales.
• Vulneración de tratados: La norma no resguarda los límites impuestos por la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos.
• Ampliación de la ley penal: El protocolo realiza una interpretación arbitraria del artículo 194 del Código Penal para facilitar detenciones.
• Uso de la fuerza: El fallo original cuestiona la falta de criterios claros y mecanismos de control para evitar abusos policiales y el uso de fuerza «no letal».

Impacto en la protesta social

Desde su implementación, organismos de derechos humanos y sectores sindicales denunciaron que el protocolo busca disciplinar y desalentar la participación social. Su aplicación ha dejado un saldo de cientos de personas heridas, incluyendo trabajadores de prensa, y numerosas detenciones arbitrarias durante las movilizaciones contra las políticas de Milei.

A pesar de que el fallo de primera instancia consideraba que la participación de fuerzas federales debe ser excepcional y no la regla, la nueva resolución judicial habilita al Gobierno a mantener el despliegue represivo bajo el argumento de garantizar la «libre circulación». Con esta ratificación, el protocolo continuará aplicándose de manera inmediata ante cualquier corte de vías o manifestación en territorio federal.

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